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Para evitar un deterioro mayor en las empresas licitadoras de contratos del Sector Público, incluso con la posibilidad de su propia desaparición, es necesario que se levante, de forma inmediata la suspensión de los plazos en la tramitación de los procedimientos de licitación. Si se continúan licitando y adjudicando contratos del sector público, las empresas contratistas, cuando se levante el estado de alarma, se van a encontrar con unos contratos adjudicados en los que tan sólo haría falta su formalización para empezar a desarrollar la actividad. Además, la adjudicación de un contrato administrativo, a ejecutar una vez se levante el estado de alarma, es una garantía de continuidad de la actividad, del mantenimiento del empleo y también para el acceso al crédito y los préstamos ICO que se están tramitando. Además, la actividad que se desarrolla, tanto por la Administración como por la empresa, es toda telemática y se puede hacer de forma remota.